La
Segunda República Española salió de unas elecciones municipales
ganadas por mayoría monárquica en cuanto a número de votos en toda
España, menos en las grandes urbes que ganó el republicanismo. El
14 de abril de 1931 los republicanos, provocadores de un gran
pucherazo electoral, dieron legitimidad al resultado declarando
válida y legal la II República Española.
Meses
después, y por una Ley del 26 de noviembre de 1931, las Cortes
acusaron de alta traición a Alfonso XIII con el siguiente enunciado:
A
todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes
Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el
acta acusatoria contra don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena,
dictando lo siguiente:
«Las
Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como
fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria,
al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su
magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más
criminal violación del orden jurídico del país, y, en su
consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara
solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y
Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano
español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio
nacional.
Don
Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos
y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de
los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes
elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara
decaído, sin que se pueda reivindicarlos jamás
ni para él ni para sus sucesores.
De
todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se
encuentren en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el
Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles.
Esta
sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después
de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada
en todos los ayuntamientos de España, y comunicada a los
representantes diplomáticos de todos los países, así como a la
Sociedad de Naciones».
En
ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes
conducentes a su más exacto cumplimiento, al que coadyuvarán todos
los ciudadanos, tribunales y autoridades.
Esta
ley sería derogada por otra del 15 de diciembre de 1938 firmada por
Francisco Franco, cuando el republicanismo español estaba huyendo en
franca retirada, después de haber sumido a España en un gran
cementerio con las tumbas de mártires inocentes.
También
dejó las arcas del Estado vacías debido al enorme latrocinio
efectuado por los republicanos, repartiendo el tesoro nacional entre
la Unión Soviética y Méjico. A Stalin, con el oro del Banco de
España, y a Méjico, con el producto de las rapiñas efectuadas en
todas las viviendas particulares, así como en iglesias y cajas
particulares de bancos, cargadas en el yate Vita rumbo al otro lado
del océano.
Francisco
Franco, devolvió a España la monarquía,
pero no en 1939, sino por medio de la “Ley de Sucesión en la
Jefatura del Estado de 1947”
Apoyándose
en el triunfo de Franco contra la II República, y viendo una
oportunidad para reinar, D.Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII,
exigió a Franco que le devolviese el trono de España. Al negarle
Franco ese deseo, Don Juan publicó un
manifiesto en contra del régimen de Franco
sin tener en cuenta que los españoles de la II República,
eliminaron los derechos dinásticos de Alfonso XIII, así como la de
todos sus herederos, derechos que Franco había devuelto a España
por medio de la “Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de
1947”.
MANIFIESTO
DE DON JUAN DE BORBÓN.
Primer
Manifiesto de Estoril de Don Juan, 7 de abril de 1947
Españoles:
El
General Franco ha anunciado públicamente su propósito de presentar
a las llamadas Cortes un proyecto de Ley de Sucesión a la Jefatura
del Estado, por el cual España queda constituida en Reino, y se
prevé un sistema por completo opuesto al de las Leyes que
históricamente han regulado la sucesión a la Corona.
En
momentos tan críticos para la estabilidad política de la Patria, no
puedo dejar de dirigirme a vosotros, como legítimo Representante que
soy de vuestra Monarquía (¿), para fijar mi actitud ante tan grave
intento.
Los
principios que rigen la sucesión de la Corona, y que son uno de los
elementos básicos de la legalidad en que la Monarquía Tradicional
se asienta, no pueden ser modificados sin la actuación conjunta del
Rey y de la Nación legítimamente representada en Cortes. Lo que
ahora se quiere hacer carece de ambos concursos esenciales, pues ni
el titular de la Corona interviene ni puede decirse que encarne la
voluntad de la Nación el organismo que, con el nombre de Cortes, no
pasa de ser una mera creación gubernativa. La Ley de Sucesión que
naciera en condiciones tales adolecería de un vicio sustancial de
nulidad.
Tanto
o más grave es la cuestión de fondo que el citado proyecto plantea.
Sin tener en cuenta la necesidad apremiante que España siente de
contar con instituciones estables, sin querer advertir que lo que el
país desea es salir cuanto antes de una interinidad cada día más
peligrosa, sin comprender que la hostilidad de que la Patria se ve
rodeada en el mundo nace en máxima parte de la presencia del General
Franco en la Jefatura del Estado, lo que ahora se pretende es pura y
simplemente convertir en vitalicia esa dictadura personal, convalidar
unos títulos, según parece hasta ahora precarios, y disfrazar con
el manto glorioso de la Monarquía un régimen de puro arbitrio
gubernamental, la necesidad de la cual hace ya mucho tiempo que no
existe.
Mañana
la Historia, hoy los españoles, no me perdonarían si permaneciese
silencioso ante el ataque que se pretende perpetrar contra la esencia
misma de la Institución monárquica hereditaria, que es, en frase de
nuestro Balmes, una de las conquistas más grandes y más felices de
la ciencia política.
La
Monarquía hereditaria es, por su propia naturaleza, un elemento
básico de estabilidad, merced a la permanencia institucional que
triunfa de la caducidad de las personas, y gracias a la fijeza y
claridad de los principios sucesorios, que eliminan los motivos de
discordia, y hacen posible el choque de los apetitos y las banderías.
Todas
esas supremas ventajas desaparecen en el proyecto sucesorio, que
cambia la fijeza en imprecisión, que abre la puerta a todas las
contiendas intestinas, y que prescinde de la continuidad hereditaria,
para volver, con lamentable espíritu de regresión, a una de esas
imperfectas fórmulas de caudillaje electivo, en que se debatieron
trágicamente los pueblos en los albores de su vida política.
Los
momentos son demasiado graves para que España vaya a añadir una
nueva ficción constitucional a las que hoy integran el conjunto de
disposiciones que se quieren hacer pasar por leyes orgánicas de la
Nación, y que además, nunca han tenido efectividad práctica.
Frente
a ese intento, yo tengo el deber inexcusable de hacer una pública y
solemne afirmación del supremo principio de legitimidad que encarno,
de los imprescriptibles derechos de soberanía que la Providencia de
Dios ha querido que vinieran a confluir en mi persona, y que no puedo
en conciencia abandonar porque nacen de muchos siglos de Historia, y
están directamente ligados con el presente y el porvenir de nuestra
España.
Por
lo mismo que he puesto mi suprema ilusión en ser el Rey de todos los
españoles que quieran de buena fe acatar un Estado de Derecho
inspirado en los principios esenciales de la vida de la Nación y que
obligue por igual a gobernantes y gobernados, he estado y estoy
dispuesto a facilitar todo lo que permita asegurar la normal e
incondicional transmisión de poderes. Lo que no se me puede pedir es
que dé mi asentimiento a actos que supongan el incumplimiento del
sagrado deber de custodia de derechos que no son solo de la Corona,
sino que forman parte del acervo espiritual de la Patria.
Con
fe ciega en los grandes destinos de nuestra España querida, sabéis
que podéis contar siempre con vuestro Rey.
JUAN
|
Felipe VI, Rey de España |
Hoy,
gracias a Francisco Franco Bahamonde, el bisnieto de Alfonso XIII ha
sido proclamado rey de España con el nombre de Felipe VI, después
de la abdicación de su padre Juan Carlos I, el cual fué elegido y educado por el
régimen franquista.